Bruselas exige a Sánchez que la Fiscalía General del Estado deje de depender de su Gobierno

La Comisión Europea ha urgido a España a reforzar el estatuto del Fiscal General del Estado para salvaguardar su independencia y romper su vínculo con el Ejecutivo. Actualmente, este cargo lo ocupa la ex ministra socialista Dolores Delgado. Esta petición se recoge del informe anual 2022 sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, publicado este miércoles.

El informe, que por primera vez incluye recomendaciones por país (seis en el caso de España), insta a España a «fortalecer el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de los términos de la oficina del Fiscal General de la del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la acusación», recoge el escrito consultado por OKDIARIO.

Asimismo, el documento llama una vez más a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a emprender una profunda reforma para reforzar su independencia.

Sobre España, la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de valores y transparencia, Vera Jourová, declaró este miércoles en un reducido encuentro con medios de comunicación que está «preocupada por el bloqueo» del Poder Judicial en España, según recoge la agencia Efe.

Precisamente, el PP ofreció el pasado lunes al Gobierno de Pedro Sánchez un pacto de Estado en materia judicial, con el título ‘Propuesta para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España’, donde uno de los puntos destacados alude a la fiscal general. En concreto, los populares abogan por la fijación de «garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado». «Se recogerá expresamente la posible recusación del fiscal general del Estado y se establecerá que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores», reza el escrito de regeneración del PP que el Ejecutivo socialcomunista se ha negado a negociar como paso previo a la retirada de su contrarreforma del CGPJ, con la que quiere controlar el Tribunal Constitucional gracias a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

CGPJ

En relación al CGPJ, la Comisión Europea ha avisado de nuevo a España de que es una «prioridad» que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial al tiempo que ha exigido que «inmediatamente después» de tal renovación se inicie la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno lo realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos. Justamente, estas dos fases correlativas son las que ha planteado el PP en su documento remitido a la Moncloa y que ha sido rechazado.

Los de Alberto Núñez Feijóo han ofrecido al Gobierno renovar el CGPJ conforme a la ley vigente, siempre que el Ejecutivo retire dicha contrarreforma para controlar el TC, y que en paralelo a la renovación se tramite una «reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que asegure un cambio del modelo de elección del CGPJ de consenso, que impida que la presente situación de deterioro vuelva a producirse y que logre despolitizar el gobierno de la Justicia».

En su propuesta, que ha sido previamente abordada con asociaciones de jueces, el PP apuesta por introducir «una disposición adicional, en virtud de la cual el CGPJ recién nombrado, tomando en cuenta los modelos de países europeos con constituciones parecidas a la nuestra, presentará a las Cámaras, en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, presentará una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial que mejore la independencia del proceso y que garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección».

Cataluña

Por su parte, desde Ciudadanos, la vicepresidenta de la comisión de Libertades civiles, Justicia e Interior, Maite Pagazaurtundua, ha lamentado que la Comisión Europea no haya evaluado en este informe el desacato continuo por parte del Gobierno separatista de Cataluña.

«Lo que hemos estado denunciando referido al Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía o la corrupción ha sido observado por el Ejecutivo comunitario, pero ciertamente no están valorando el desacato continuo y organizado del Gobierno catalán», indicó Pagazaurtundua.

«Evitar la ejecución de sentencias que reconocen vulneraciones de derechos fundamentales, impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceder a la justicia o el acoso y el señalamiento para el sometimiento de los jueces son indicadores de que el Estado de Derecho en Cataluña no goza de buena salud», ha recalcado la eurodiputado liberal.

Otra de las recomendaciones del informe de la Comisión Europea pide «trabajar para reforzar el acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales».